Las decisiones de gobierno y país en pro del medio ambiente pretenden ayudar a encontrar ese objetivo, sin embargo a veces esas políticas traen un efecto bumerán inesperado
Por: Charlie Rodríguez – director Revista Latinobus
El cambio climático y sus consecuencias en la salud de la humanidad han sido materia de debate durante las últimas décadas, llevando a profundas transformaciones tanto políticas como técnicas en lo que al apartado del transporte se refiere.
Hay quienes dicen que la humanidad esta ad portas de una debacle ambiental, como quienes defienden su postura negacionista. Unos afirman que el planeta está en la recta final de su destrucción, que el clima está ardiendo y las especies rumbo a la extinción, mientras que otros, asumen que La Tierra está sometida a cambios cíclicos que hacen que se regenere, mute y se renueve.
Lo que es cierto es que la civilización como la conocemos hoy en día, es producto de lo que el conocimiento sobre la industria petrolera ha permitido construir; así como tardamos más de 150 años en entender que debíamos cortar la dependencia de los combustibles fósiles y de los derivados del crudo, la posibilidad de desarrollar nuevas formas de evolución técnica sin su presencia, también tomará tiempo y deberá ser llevada adelante de una manera responsable, tanto desde el punto de vista ambiental, como del financiero.
Cuando hablamos de normas Euro, lo primero que debemos entender es que la misma palabra nos remite al viejo continente. Allí el transporte público es realmente público, y es un servicio subsidiado en parte, o en su totalidad, por el estado. El transporte escolar también tiene un componente de subvención gubernamental y la movilización por carretera es bastante insipiente, siendo los transportes ferroviarios y aéreos los preferidos por la población.
Por ello, cuando se decidió que a partir de 2023 todos los vehículos con motores de combustión a Gas Natural o Diésel de pasajeros que se comercializaran en el país deberían cumplir con el estándar Euro 6, seguramente muchas buenas intenciones estaban ligadas al decreto que lo hacía obligatorio. Pero ¿alguien pensó en la real aplicabilidad de la norma, teniendo en cuenta que el transporte en Colombia es un servicio operado por privados?
La realidad es que la suma de la guerra en Ucrania, la pandemia, el cambio de gobierno, la escasez de partes y demás factores sociopolíticos, encarecieron los bienes tecnológicos, como lo son los automotores. Pero ahora a la inflación, hay que sumar el costo que representa para importadores y fabricantes locales instalar los dispositivos de control de emisiones en los chasises de bus que, de acuerdo con lo visto en los más recientes lanzamientos, puede oscilar entre 25 a 35 mil dólares por vehículo.
¿Qué significa todo eso? Pues que un busetón de 40 pasajeros (la tipología más popular en el mercado), que antes de pandemia podía costar unos 300 millones de pesos, ahora valdrá casi 600. Los buses de gran tamaño que podrían costar 700 millones antes de pandemia, ahora se comercian por encima de los 1.000 millones de pesos; costos que deben ser asumidos por los transportadores en su totalidad, sin ayuda del gobierno, y sin posibilidad de cargar este valor en el precio de sus servicios, so pena de ser investigados y sometidos al escarnio público por los entes de control.
¿Qué va a pasar entonces? Sencillo, que los periodos de renovación se alargarán, que cada vez menos empresarios comprarán buses nuevos, y que, en lugar de salvar el planeta, tendremos buses viejos, más contaminantes y menos seguros, rodando por muchos más años. ¿Será que al gobierno le saldrá el tiro por la culata?
