El cambio de enfoque público y privado en Latinoamérica hacia la movilidad amigable con el medio ambiente tiene un ¨socio estratégico¨ común, el Banco Interamericano de Desarrollo

Foto: Transmilenio

Los vehículos de bajas emisiones y cero emisiones cuentan con el respaldo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a través de recursos financieros y técnicos para que sean adquiridos. Por medio del Ministerio de Transporte y que hace parte del Plan de Desarrollo Nacional, que se ejecuta a través de diferentes estamentos involucrados como las alcaldías municipales; estos recursos son exclusivamente para generación de planteamientos que permitan y faciliten la financiación para obtener vehículos de estas características como lo son vehículos eléctricos, incluyendo buses, taxis y vehículos de carga.

Así entonces el gobierno viene dando los incentivos a las propuestas de sostenibilidad y que sean amigables con el medio ambiente, en mira de proponer arquetipos de ciudad con un replanteamiento de urbanismo, la movilidad y el bienestar integral de los ecosistemas con fecha límite del 2035. El BID se convierte así en un gestor determinante o podríamos decir que es el ¨puente¨ de entrada a una nueva visión del eco-transporte, de la eco-movilidad y de sostenibilidad, no sólo desde el punto de vista ambiental sino financiero también.

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Diferentes municipios y alcaldías como la de Villavicencio que tiene proyectado adquirir 550 buses eléctricos en diferentes fases, de igual manera la alcaldía de Tunja presentó su propuesta para sistema de movilidad público, mientras ciudades como Cali y Bucaramanga que vienen de tener diferentes inconvenientes en sus sistemas de transporte público, ahora apuestan a un ¨renacimiento¨ aprovechando este apoyo gubernamental e internacional.

Para el BID, la electromovilidad, así como la movilidad con base en hidrógeno verde, son ahora prioridades entre sus objetivos y proyección, sustentado en gestiones de carácter mundial, en los que se han aprobado financiamientos en conjunto con BID Lat World por más de 761 millones de dólares y asegura que es una respuesta a la demanda creciente para cubrir las necesidades de financiación hacia la transición en movilidad eléctrica en los países de Latinoamérica.

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