Colombia prepara una reforma integral de su Código Nacional de Tránsito, vigente desde 2002. El Ministerio de Transporte trabaja en un borrador que busca actualizar el marco regulatorio y revisar costos y procedimientos. La propuesta todavía no es una norma vigente. Se encuentra en etapa de construcción y debate, por lo que los cambios anunciados pueden modificarse antes de llegar al Congreso y convertirse en legislación.

Menos cargas al conductor

Uno de los principales ejes es revisar el impacto económico de las sanciones. El Gobierno ha cuestionado que una infracción pueda terminar convirtiéndose, por acumulación de intereses, patios y grúas, en una obligación difícil de asumir. Por eso, se estudia reducir sobrecostos asociados a las multas, así como costos vinculados con el Registro Único Nacional de Tránsito, Runt, y el Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito, Simit. La discusión incorpora además la posibilidad de establecer sanciones más proporcionales a la gravedad de la conducta. El objetivo sería diferenciar faltas según el riesgo que representan.

Licencias con mayor vigencia

Otro frente corresponde a las licencias de conducción. Se analiza ampliar su vigencia y simplificar su renovación. El cambio buscaría disminuir trámites recurrentes sin eliminar los controles necesarios para comprobar que el conductor conserva las condiciones requeridas para operar un vehículo. En paralelo, vuelve al debate el sistema de puntos. La idea consiste en que las infracciones acumuladas tengan consecuencias sobre la licencia, llegando incluso a su suspensión o revocatoria cuando el comportamiento evidencie un riesgo elevado.

Fotodetección bajo revisión

Las fotomultas serán uno de los temas más sensibles. La discusión no significa necesariamente eliminar las cámaras de fotodetección. Se concentra en establecer para qué deben utilizarse, dónde deben instalarse y cómo demostrar que cumplen una función efectiva de seguridad vial. La tecnología puede contribuir a controlar excesos de velocidad y otras conductas peligrosas. Sin embargo, la reforma plantea revisar aquellos casos en los que la fotodetección pueda percibirse principalmente como mecanismo de recaudo. Se plantea garantizar señalización, aprobación y calibración. El reto será conservar su función preventiva y evitar un modelo basado únicamente en sanciones.

Revisión técnico-mecánica

La revisión técnico-mecánica también podría cambiar. El Gobierno analiza establecer plazos más razonables y revisar procedimientos que generan costos para los propietarios, sin reducir las exigencias de seguridad. Para el transporte público y de carga, este punto tiene especial importancia. La inspección de frenos, dirección, suspensión, iluminación, emisiones y demás sistemas críticos constituye una barrera fundamental frente a fallas mecánicas.

Una eventual flexibilización tendría que concentrarse en trámites y periodicidades, no en el estándar técnico. También se analiza una mayor responsabilidad para los Centros de Diagnóstico Automotor, CDA. Si una certificación deficiente estuviera relacionada con una falla que provoque un siniestro, la discusión contempla revisar las responsabilidades de quienes realizan la inspección. Para las empresas de transporte, cualquier modificación tendrá impacto directo en costos operativos, gestión de flotas, cumplimiento documental, capacitación de conductores y planificación del mantenimiento preventivo de cada unidad en operación diaria.

Una reforma más integral

El debate nace de un sistema construido mediante múltiples reformas parciales. Desde la expedición de la Ley 769 de 2002 se han incorporado herramientas de fotodetección, nuevos procedimientos administrativos y modificaciones en los controles. Esto produjo una regulación acumulativa que en algunos casos aumentó obligaciones y costos sin una revisión integral.

Existen dos caminos: una reforma puntual para desmontar cobros y simplificar procesos, o una revisión amplia del Código y su arquitectura institucional. Una actualización integral debería considerar las nuevas tecnologías de asistencia a la conducción, la expansión de la movilidad eléctrica, los sistemas inteligentes de transporte, la profesionalización de conductores y necesidades del transporte colectivo, intermunicipal y de carga.

Seguridad vial como prioridad

Reducir costos puede ser positivo, pero no debe convertirse en una reducción de los controles que protegen la vida. El desafío será demostrar que cada requisito, sanción y procedimiento tiene una finalidad clara y medible. Las cámaras, las revisiones técnico-mecánicas, las licencias y las sanciones deben funcionar como herramientas articuladas dentro de una política de seguridad vial, no como mecanismos aislados.

Colombia está frente a la oportunidad de actualizar una norma con más de dos décadas de vigencia. Para conductores, empresas y usuarios del transporte, el verdadero cambio no estará solamente en pagar menos o realizar menos trámites, sino en contar con reglas más simples, controles técnicamente sustentados y sanciones proporcionales. El nuevo Código Nacional de Tránsito apenas comienza a tomar forma. Su éxito dependerá de equilibrar eficiencia administrativa, sostenibilidad económica y, sobre todo, protección de la vida en las carreteras y ciudades del país.