Cada cambio de gobierno representa una oportunidad para redefinir prioridades y construir consensos. Para el transporte terrestre de pasajeros, que moviliza más de 130 millones de pasajeros al año y conecta a miles de municipios del país, el inicio de una nueva administración no debe entenderse únicamente como un relevo institucional, sino como el punto de partida para consolidar una agenda de transformación que permita fortalecer uno de los sectores más importantes para la conectividad, la integración regional y la competitividad del país.

Colombia necesita un transporte de pasajeros más moderno, más sostenible, más eficiente y con reglas de juego acordes con las realidades tecnológicas y económicas del siglo XXI. Ese objetivo solo será posible si el Gobierno Nacional, los empresarios, los gremios y las entidades de control trabajan bajo una visión compartida. Desde la Cámara de Transporte de Pasajeros de la ANDI proponemos que el período 2026-2030 tenga una hoja de ruta clara, construida sobre ocho grandes pilares que permitan convertir los desafíos del sector en oportunidades de crecimiento. El primero es avanzar hacia una Política Integral para el Transporte Terrestre de Pasajeros. Colombia no puede seguir abordando el sector mediante decisiones aisladas o respuestas coyunturales. Es momento de diseñar una política pública de largo plazo que reconozca el papel estratégico del transporte formal en la movilidad de 130 millones de pasajeros al año, que además articule los distintos modos de transporte y establezca objetivos claros en materia de competitividad, infraestructura, sostenibilidad, transformación digital y fortalecimiento empresarial. Más que una política sectorial, Colombia necesita una política de Estado que garantice estabilidad regulatoria y continuidad en las decisiones estratégicas, independientemente de los cambios de gobierno.

En segundo lugar, resulta indispensable una modernización regulatoria
profunda. El Decreto 171 de 2001 cumplirá más de veinticinco años de
vigencia al finalizar el próximo cuatrienio y, aunque ha servido como base para el desarrollo del sector, hoy evidencia limitaciones ya que es un Decreto que fue expedido para un contexto operativo, tecnológico y económico muy diferente al actual, razón por la cual hoy resulta insuficiente para responderá los desafíos de la digitalización, la sostenibilidad y los nuevos modelos de prestación del servicio. El país necesita una actualización integral de este marco normativo que otorgue seguridad jurídica, simplifique procedimientos y genere mejores condiciones para la prestación del servicio.

La tercera prioridad debe enfocarse en la competencia leal y la lucha contra la informalidad. La ilegalidad continúa afectando la sostenibilidad económica de las empresas habilitadas y pone en riesgo la seguridad de los usuarios. Combatir este fenómeno exige fortalecer las capacidades de inspección y control, pero también garantizar que quienes cumplen la normatividad puedan competir en igualdad de condiciones.

La transformación digital constituye el cuarto gran desafío. La empresas han demostrado su disposición para invertir en tecnología y suministrar información a las autoridades; sin embargo, el país debe avanzar hacia un verdadero ecosistema de interoperabilidad entre plataformas públicas y privadas. Sistemas como el RUNT, el SICOV y los distintos mecanismos de reporte deben comunicarse entre sí y evitar duplicidades. Al mismo tiempo, es necesario revisar la creciente regulación tecnológica para garantizar que la digitalización facilite la operación y no termine convirtiéndose en una carga administrativa adicional. El Estado no debe seguir solicitando la misma información a través de múltiples plataformas que no dialogan entre sí. La interoperabilidad debe convertirse en una política pública que reduzca costos de cumplimiento para las empresas y aumente la capacidad de análisis y toma de decisiones de las entidades, de esta manera la tecnología debe simplificar el cumplimiento regulatorio, no multiplicar las obligaciones administrativas.

La sostenibilidad debe ocupar el quinto lugar dentro de esta agenda. La transición energética debe estar respaldada por incentivos que hagan económicamente viable la adopción de tecnologías limpias, promoviendo la inversión de las empresas en programas de bonos de carbono que contribuyan a compensar el impacto de los impuestos ambientales y fortalezcan su competitividad. De igual manera, el país debe impulsar una política pública que acelere la implementación masiva de paneles solares flexibles en los vehículos de transporte de pasajeros mediante el fortalecimiento y ampliación de los incentivos tributarios existentes, reconociendo que esta tecnología permite reducir el consumo de combustible, mejorar la eficiencia energética, disminuir las emisiones y generar importantes ahorros operativos, convirtiéndose en una de las alternativas más rápidas, costo-efectivas y de mayor impacto para avanzar hacia un transporte más sostenible. A diferencia de la renovación total de flota, que demanda inversiones de gran magnitud y largos periodos de ejecución, la incorporación de paneles solares flexibles representa una solución de rápida adopción, alto retorno económico y beneficios ambientales inmediatos, por lo que debería convertirse en una prioridad del próximo cuatrienio.

Un sexto frente corresponde a la infraestructura y la conectividad.
Colombia requiere continuidad en sus proyectos estratégicos y una visión de Estado que garantice la ejecución de las inversiones independientemente de los cambios de Gobierno. Asimismo, es indispensable promover una articulación efectiva entre el transporte terrestre de pasajeros y el modo férreo, desarrollando esquemas complementarios que amplíen las alternativas de movilidad. El séptimo desafío tiene relación directa con el orden público y la garantía de la movilidad. Los bloqueos y cierres de vías generan enormes impactos sociales y económicos sobre las empresas, los usuarios y las regiones. Garantizar la libre circulación por las carreteras nacionales debe constituir una prioridad permanente del Estado, mediante estrategias de prevención, coordinación institucional y respuesta oportuna que aseguren la continuidad de la operación y protejan el derecho de los ciudadanos a movilizarse.

Finalmente, en el octavo lugar está el desafío de promover un nuevo modelo de supervisión. La Superintendencia de Transporte debe evolucionar hacia una supervisión inteligente, preventiva y basada en riesgos, que privilegie el acompañamiento y la mejora continua sobre una lógica sancionatoria. Paralelamente, es oportuno revisar la creciente sobrerregulación tecnológica y las múltiples obligaciones de reporte que hoy enfrentan las empresas. El objetivo debe ser contar con datos de mayor calidad, pero asegurando que esa información sea utilizada por las autoridades, sin trasladar cargas operativas excesivas a las empresas.

La Cámara de Transporte de Pasajeros de la ANDI extiende una invitación al nuevo Gobierno Nacional y a todos los empresarios del sector para construir conjuntamente esta hoja de ruta. Si logramos alinear esfuerzos alrededor de estos ocho pilares, el período 2026-2030 podrá convertirse en el cuatrienio en el que Colombia de el paso definitivo hacia un transporte terrestre de pasajeros más moderno, competitivo, sostenible y al servicio de los ciudadanos. Porque modernizar el transporte terrestre de pasajeros no es únicamente una apuesta por un sector económico; es una inversión en la competitividad del país, en la integración de las regiones y en la calidad de vida de millones de colombianos.